El Gobierno Obliga A Las Prepagas A Recalcular Los Precios, Que Solo Podrán Subir Por La Inflación

El Gobierno dispuso dar marcha atrás parcial con los aumentos en la medicina prepaga y obligar a las empresas a recalcular los valores desde diciembre pasado. Esto aplicará para un grupo de compañías que representan al 75% de los afiliados, según sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento.”, informó la Secretaría de Industria y Comercio.

Esto significa que el nuevo valor de las cuotas de las prepagas, según la determinación del Gobierno, puede variar entre lo cobrado en el mes de diciembre, y ese piso sumado a la inflación, que acumula un avance del 51,6% hasta marzo.

Las proyecciones del Ministerio de Economía ubican al IPC de abril alrededor del 10%. En consecuencia, según estimaciones de la Secretaría de Industria y Comercio, “las empresas de medicina prepaga deberían cobrar una cuota en mayo que no fuera superior al 70% de la facturada en diciembre pasado”.

“La medida entra en vigor de inmediato”, aclaró el Ministerio de Economía a pesar de la posibilidad de apelación que tienen las empresas de medicina privada.

Aún no está claro que pasará con la diferencia entre lo que facturaron algunas empresas de salud privada y el índice de inflación. De acuerdo con el Gobierno, no puede disponer la devolución del dinero. Sin embargo, eso podría pesar en futuras sanciones sobre el sector.

Sobre un posible reembolso del dinero, el Gobierno avanza mediante la vía judicial. En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud, anticipó que presentará una medida cautelar para que la Justicia “ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses”.

Esta es una acción independiente a lo dictado por la Secretaría de Industria y Comercio, que en vez de desarrollarse como trámite administrativo dentro del Gobierno, sumará capítulos en la Justicia. Para el Ejecutivo esta estrategia busca garantizar la libre competencia. “No se trata de una intervención del mercado”, afirman.

El secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne —a instancias de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)—, resolvió dictar una medida de tutela anticipada que ordena a un conjunto de empresas reajustar los valores de las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.

De ahora en más, según esa cartera, la cuota de los planes de salud deberá ser calculada en base a la siguiente fórmula: “La cuota del plan de salud médico-asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023)”. Es decir, según la inflación que mide el Indec.

La fórmula dispuesta por el Gobierno marca una intervención oficial en el mercado que no se había visto hasta ahora en la gestión de Javier Milei. El argumento para tomar esa decisión es que existe “un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también sostuvo que el Gobierno presentará una medida cautelar este miércoles en la Justicia para retrotraer los aumentos que llegaron después de la desregulación dictada en el “megadecreto” de diciembre y forzar la devolución de dinero que las empresas cobraron a sus clientes por encima de la inflación. Las subas promedian el 165% en lo que va del año.

Se trata de una decisión tomada en conjunto entre la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, como informó ayer LA NACION.

Voceros de las prepagas advirtieron que retrotraer precios podría provocar “un colapso grave del sistema”, ya que el dinero que ingresó por los incrementos de 2024, se usó. “Esa plata no está, se usó para cubrir insumos, salarios y prestaciones”, resumió un representante de las empresas.

Además, en las últimas horas la renuncia de Claudio Belocopitt a la conducción de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a las empresas de medicina privada, también sacudió el tablero de esta negociación. El ahora expresidente de la UAS habló de sí mismo como un posible obstáculo para conseguir soluciones superadoras en la puja por los precios. Pese a eso, el Gobierno no alteró su estrategia judicial contra las prepagas.

El tope de actualización según inflación regirá, en principio, por seis meses. “Entra en vigencia de inmediato”, informa la Secretaría de Comercio. En paralelo, las prepagas pueden presentar apelaciones pero, tal como indicó el Gobierno, no impedirá la implementación de esta disposición.

En lo que va del año, distintos particulares presentaron cautelares para frenar los aumentos. En ningún caso el Gobierno fue quien accionó dicha vía judicial. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre hasta cuándo buscarán retrotraer las cuotas: enero, o febrero.

Según los números del Gobierno, las prepagas habrían incurrido en una “conducta abusiva coordinada”. El Ejecutivo sostiene que registró subas entre enero y abril que oscilan entre 142,7% y 163,9%. Al desagregar esa información, se observa que en enero las variaciones en las cuotas de esas cinco empresas habrían fluctuado entre 39,8% y 44%; entre 27,5% y 29,4% en febrero; en marzo, entre 19% y 22,9% y en abril, entre 14% y 18,9%.