El concepto “casta” denota privilegios incompatibles con la democracia y el Estado de Derecho. En tanto las tiranías y las dictaduras imponen la censura y hacen del secreto y el ocultamiento una razón del poder, la luz pública de la democracia ilumina los recovecos de ese poder para que sus inquilinos rindan cuentas y sean sometidos a la mirada pública. Ese es el sentido de las leyes que garantizan el acceso a la información pública y que han ido incorporando todos los países democráticos en el mundo. El nuestro llegó tarde: fuimos uno de los últimos en el continente en sancionar una ley (la 27.275) de acceso a la información, en septiembre de 2016. Tal vez por ese carácter tardío, junto con los residuos culturales de una práctica de ocultamiento, el poder entre nosotros se siente cómodo en la opacidad. Es una continuidad que muestra el actual gobierno, que lejos de transparentar lo que la supuesta casta mantenía oculto, protege y continúa con el secreto del uso de los aviones oficiales de sus antecesores.

En uso de las atribuciones que concede esa ley, en 2022 Poder Ciudadano presentó ante la Secretaría General de la Presidencia (SGP) un pedido de acceso a la información sobre la utilización de los aviones oficiales entre los años 2015 y 2022: quiénes los utilizaron, destinos, tripulantes, pasajeros, motivos, y cuánto les costaron a las arcas del Estado. Al ver incumplidos los plazos legales, Poder Ciudadano reclamó ante el organismo que debe velar por el cumplimiento de ese derecho, la Agencia de Acceso a la Información. Con posterioridad, en enero de 2023, la SGP reaccionó, pero su respuesta fue casi una ofensa: dos planillas de Excel con datos escasos -básicamente fechas, rutas y gastos de combustible- en las que se omitieron los motivos de los viajes, el listado de pasajeros, los costos totales y la documentación respaldatoria, argumentando que la información faltante era “reservada” por razones de seguridad presidencial.

Considerando que esa negativa era arbitraria e ilegal, por tratarse de vuelos ya cumplimentados, especialmente los del período de Mauricio Macri, un presidente que ya ni siquiera estaba en el cargo, en marzo de 2023 Poder Ciudadano promovió una acción de amparo que recayó en el Juzgado N° 7 del fuero Contencioso Administrativo Federal. La Justicia nos dio la razón: en julio de 2024 ordenó a la SGP, ya bajo la administración libertaria, que entregara la información solicitada de forma completa, y que en un nuevo acto administrativo justificara de forma clara y fundamentada las razones por las que omitió información. Sin embargo, en lugar de cumplir con la ley, el gobierno la restringió y distorsionó su espíritu: dos meses más tarde, en septiembre de ese año, el presidente Javier Milei firmó el decreto 780, modificando la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, ampliando la discrecionalidad de los funcionarios, que son ahora los que deciden arbitrariamente qué información dar o negar. Un claro retroceso democrático, ya que fortalece el secretismo y debilita la transparencia.

Tal como lo hicimos antes, reiteramos las denuncias y los reclamos. Poder Ciudadano cuenta con un centro gratuito de asesoría legal anticorrupción, dirigido por el abogado Germán Emanuele, programa que a lo largo de los veinte años de vida ha formado a más de cuatro centenas de abogados en litigios de interés público y causas de corrupción. En febrero de 2025 Poder Ciudadano reclamó por el cumplimiento de la sentencia que obligó a la SGP a entregar la información completa sobre los vuelos oficiales, pero el análisis del contenido del material entregado mostró la continuidad de la renuencia a informar: el 70% de los vuelos seguían sin justificación, al igual que la lista de los pasajeros, especialmente los del año electoral 2021. Podría sospecharse el delito penal de utilización de fondos públicos para campaña. En otras palabras, la SGP no brindó la información ni justificó las excepciones, como le ordenó la sentencia judicial.

Más grave aún, el 26 de septiembre del año pasado, la SGP presentó finalmente el acto administrativo ordenado, pero hizo una llamativa pirueta argumental: lo que durante dos años fue “información reservada” para proteger la “seguridad presidencial”, en realidad no existe en sus registros. Una explicación tan inaudita como sospechosa. Surgieron entonces las dudas razonables. ¿Por qué razón el Estado cambia su argumentación? ¿Es realmente posible que esta información, que no solo es obligatoria por ley sino relevante para la administración de la agenda presidencial y para su seguridad, no exista? ¿Qué justifica el incumplimiento de la ley y de la sentencia judicial? ¿Qué responsabilidades legales están aquí en juego? Si la misma ley protege la seguridad presidencial como excepción a la obligación de dar la información, entonces no se puede aceptar esa “inexistencia” sin pensar que el ocultamiento de los vuelos presidenciales, en realidad, aumentan la vulnerabilidad que se invoca como justificación.

Utilizando una vez más las prerrogativas que brinda la Constitución Nacional, Poder Ciudadano elevó el caso a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Pedimos que se investigue la presunta desaparición, ocultamiento y/o falta de registros obligatorios, todos delitos penales. Con más razón, debería investigarse también si la información se ocultó deliberadamente, en los vuelos anteriores y en los actuales.

Este caso es un ejemplo de que el poder siempre se siente más cómodo en la opacidad que en la transparencia, y de que el poder se piensa a sí mismo, antes que nada, como poder. Solo más tarde vienen, si acaso, las consideraciones políticas, partidistas, éticas, etc. Por eso es importante que los ciudadanos estén siempre atentos, bajo cualquier gobierno y circunstancia, a reclamar rendición de cuentas de lo que se hace en su nombre y con su dinero.

Los funcionarios no deberían confundirse, no son los dueños del poder. Apenas inquilinos. A mayor control, menos tentaciones, menos abusos y menos corrupción. Ese es el sentido democrático de las leyes de acceso a la información que han ido incorporando las democracias modernas en salvaguarda de la transparencia.

D’Alessandro y Morandini son, respectivamente, presidente y vicepresidenta de la Fundación Poder Ciudadano