WASHINGTON.– La decisión del presidente Donald Trump de restringir el ingreso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico al complejo de la Casa Blanca abrió un nuevo frente judicial sobre los límites del poder presidencial y las garantías constitucionales de la libertad de prensa en Estados Unidos.

Los tres medios presentaron el lunes una demanda ante un tribunal federal de Washington contra Trump y funcionarios de su administración. Sostienen que la medida constituye una represalia por su cobertura periodística y viola la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa, además de las garantías de debido proceso contempladas en la Quinta Enmienda.

En la demanda, los medios calificaron la prohibición como una represalia ilegal contra una actividad protegida constitucionalmente. “Esta prohibición no podría ser un ataque más directo contra la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales fundamentales”, afirmaron conjuntamente.

Los reclamos de los medios surgieron tras un conflicto que comenzó el sábado, cuando periodistas de CNN, MS NOW y Politico fueron impedidos de ingresar a los terrenos de la Casa Blanca. Las medios informaron que sus credenciales conocidas como hard passes habían sido desactivadas.

Estos pases son otorgados a periodistas que han sido acreditados y sometidos a controles de seguridad, y constituyen uno de los mecanismos habituales mediante los cuales la Casa Blanca administra el acceso de los medios al complejo presidencial. Las organizaciones sostienen que no recibieron aviso previo de la decisión ni tuvieron la oportunidad de impugnarla.

En una declaración sobre los tres medios, Trump y su administración afirmaron: “Las fake news no tienen lugar para exigir un espacio en el Salón Oval del presidente. Las mentiras con las que difaman son un perjuicio para el público estadounidense y desgarran el tejido mismo de nuestra democracia”. Sostienen también que los medios pueden continuar cubriendo al presidente desde fuera del complejo y que el mandatario tiene facultades para determinar quién accede a determinados espacios.

La cuestión jurídica central consiste en determinar hasta qué punto el gobierno puede restringir el acceso de periodistas que ya han sido acreditados, especialmente cuando la medida está relacionada con el contenido de la cobertura periodística.

Uno de los precedentes históricos de este tipo de caso es Sherrill v. Knight (1977), en el que una corte federal de apelaciones determinó que el gobierno no podía negar arbitrariamente una credencial de acceso a un periodista. Cuando existían razones para restringir el acceso, el gobierno debía proporcionar una justificación y ofrecer garantías procesales.

Durante el primer mandato de Trump, las disputas relacionadas con CNN (2018) y Brian Karem (2020) también llevaron a los tribunales las reglas sobre las credenciales de prensa de la Casa Blanca. En ambos casos, jueces federales ordenaron medidas favorables a los periodistas después de que la administración intentara restringir o revocar sus credenciales.

Sin embargo, los tribunales también han reconocido que el gobierno puede establecer requisitos de acceso siempre que sean neutrales respecto del contenido periodístico. En un caso iniciado durante la administración de Joe Biden, los tribunales respaldaron la decisión de negar una credencial a un periodista que no cumplía determinados requisitos de acreditación. La Justicia consideró que esas condiciones no estaban vinculadas con su posición editorial o sus publicaciones.

Estas cuestiones cobraron mayor relevancia tras la disputa entre Trump y la agencia Associated Press en 2025, cuando la Casa Blanca excluyó a la agencia de determinados espacios y actividades presidenciales después de que se negara a utilizar la denominación “Gulf of America” para el Golfo de México. Este episodio planteó hasta qué punto el gobierno puede condicionar el acceso de los medios de comunicación en respuesta a decisiones editoriales.

El nuevo litigio vuelve a poner en primer plano la tensión entre el control del acceso a la sede presidencial y las garantías constitucionales que protegen a la prensa. CNN, MS NOW y Politico mantienen que la Casa Blanca no les dio aviso previo ni les ofreció la posibilidad de impugnar la decisión, lo que, según su demanda, vulnera las garantías de debido proceso consagradas en la Quinta Enmienda. Los medios también sostienen que las críticas de Trump a su cobertura son relevantes para evaluar si la medida estuvo vinculada con el contenido de sus publicaciones.

CNN forma parte del denominado TV pool de la Casa Blanca, un sistema mediante el cual los periodistas y equipos de un medio cubren los movimientos del presidente y comparten las imágenes con otros medios. Como resultado de las medidas de Trump, el pool suspendió su cobertura de Trump el lunes después de que las credenciales de los periodistas de CNN fueran desactivadas.

Aunque el gobierno estadounidense puede restringir el acceso de periodistas por razones de seguridad, debe contar con una justificación clara y procedimientos que permitan refutar la medida, según el abogado especializado en la Primera Enmienda, Douglas Mirell. “Tiene que existir una razón convincente y no arbitraria para restringir el acceso. El hecho de que uno no esté de acuerdo con la opinión de alguien nunca ha sido una razón convincente bajo la Primera Enmienda”, sostuvo a Reuters.

El caso se suma a otra disputa reciente sobre las credenciales de prensa. En marzo, el juez federal Paul Friedman bloqueó una política del Departamento de Defensa que permitía retirar acreditaciones del Pentágono a periodistas que buscaran información no autorizada para su publicación. El Departamento dijo que las nuevas reglas buscaban proteger la seguridad nacional, pero The New York Times argumentó que también permitirían sancionar a medios por coberturas desfavorables. Friedman consideró que la política era vaga y excesivamente amplia y que vulneraba la Primera y Quinta Enmienda. La administración Trump apeló la decisión.

El antecedente podría ser relevante para determinar si la Casa Blanca actuó dentro de sus facultades o si, como sostienen los medios, utilizó las restricciones de acceso como represalia por su cobertura. En este caso, el juez federal Timothy Kelly ha programado para el miércoles una audiencia sobre la solicitud de las organizaciones de obtener una orden de restricción temporal que bloquee la aplicación de la medida.

Agencia Reuters y diario The Washington Post