Luego de que el Gobierno retirara del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras para asegurar la aprobación del resto de la iniciativa en el Senado, las principales inmobiliarias rurales expresaron su decepción por el desenlace legislativo. En el sector sostienen que se perdió una oportunidad para debatir una norma que consideran restrictiva para la llegada de inversiones y cuestionan que la discusión haya quedado asociada a la defensa de la soberanía nacional.

La iniciativa había generado una fuerte expectativa desde mayo, cuando el Gobierno de Javier Milei anunció su intención de avanzar sobre la Ley 26.737, sancionada en 2011, que limita la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto original proponía eliminar esas restricciones como parte de una estrategia para atraer inversiones, pero durante la negociación parlamentaria el oficialismo moderó la propuesta y planteó elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de capitales extranjeros. Sin embargo, tampoco logró reunir los apoyos necesarios y finalmente optó por retirar ese capítulo para evitar que comprometiera la aprobación del resto del proyecto.

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Durante los últimos meses, la posibilidad de modificar la ley fue seguida de cerca por el mercado inmobiliario rural. Los operadores esperaban que una flexibilización de la normativa pudiera ampliar el universo de potenciales compradores, especialmente en segmentos vinculados a desarrollos forestales, mineros, economías regionales y campos que requieren inversiones de largo plazo, además de mejorar las condiciones para el ingreso de capitales externos.

Para Mariano Maurette, de la sección Campos de Álzaga Unzué y Cía., el principal problema fue que el debate nunca logró centrarse en el contenido real de la ley. “Nace mal parido porque los títulos siempre son buenos: ‘no vendamos el país’. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero esta ley no significa regalar ni vender el país”, afirmó.

Según el empresario, la discusión quedó atravesada por consignas que impidieron analizar los alcances concretos de la norma. “Hace falta un análisis serio y responsable, sacando todas las ideologías, para tener conciencia de lo que estamos discutiendo. La gente compra el título, ‘no vendamos la patria’, y no es eso lo que está en juego”, sostuvo.

Maurette señaló que el mercado suele poner el foco en los campos agrícolas, cuando existen otras actividades donde la inversión extranjera podría resultar determinante. “Hay una cantidad de campos y producciones regionales que requieren inversiones que los argentinos no están dispuestos a hacer. Que venga alguien y las haga. Dejar vacante tanto potencial productivo es un crimen”, remarcó.

En ese sentido, agregó que gran parte de los capitales extranjeros ya se concentran en actividades como la minería y la forestación, sectores donde históricamente la inversión local ha sido limitada. “Que inviertan extranjeros no quiere decir que la tierra o la soberanía sean de ellos. Van a tener que respetar todas las leyes argentinas”, remarcó.

Sobre la decisión del oficialismo de retirar el capítulo, consideró que respondió a una estrategia parlamentaria. “Si lo sacaron es porque convenía para aprobar el resto. Lamentablemente habrá que volver a esperar”, expresó.

En la misma línea, Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliario, lamentó que la discusión haya quedado condicionada por cuestiones ideológicas. “Es un poco decepcionante ver que todavía domina la ideología, la desinformación o la falta de información seria para tratar este tema con serenidad, racionalidad y madurez”, señaló.

El operador sostuvo que el objetivo debería ser alcanzar una norma superadora de la actual. “El espíritu es buscar un consenso para tener un proyecto mejor que la ley vigente, que es excesivamente restrictiva. Esperemos que prime el sentido común y se espanten los fantasmas que aparecen cuando se tratan estos temas”, afirmó.

Para Madero, el debate sobre la soberanía no refleja el funcionamiento real del régimen de propiedad. “La soberanía no está en juego. La tierra queda en la Argentina, produce en la Argentina, contrata mano de obra argentina, paga impuestos en la Argentina y está sometida a las leyes argentinas”, explicó.

Además, valoró que el Gobierno haya decidido mantener abierta la negociación política. “Es positivo que siga buscando consensos y diálogo con las provincias para construir un proyecto que tenga respaldo. No estamos acostumbrados a eso, pero es el camino”, indicó.

Por su parte, Emir Carrillo, titular de Emir Carrillo & Asociados, interpretó que la decisión respondió a la intención del oficialismo de evitar una derrota parlamentaria. “Se nota que el Poder Legislativo no ha querido correr ningún riesgo. Es una verdadera pena que hayan retirado el capítulo sobre la ley de extranjerización”, sostuvo.

Carrillo consideró que el principal obstáculo fue el desconocimiento sobre el contenido de la norma. “La falta de información de los legisladores y de la sociedad hizo que este tema se transformara en una cuestión política. La ley de tierras no tiene nada que ver con la soberanía”, afirmó.

En su opinión, la postergación implica perder una oportunidad para generar nuevas inversiones. “Es una oportunidad muy importante que pierde la Argentina. La inversión extranjera genera recursos para el país y también beneficios para quienes invierten. La desinformación fue lo que terminó motivando el retiro de este capítulo”, concluyó.

El proyecto también encontró una fuerte resistencia en parte del sector agropecuario. La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su “profunda preocupación” por las modificaciones impulsadas por el Gobierno y advirtió que eliminar o flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros podría afectar a los pequeños productores, las economías regionales y la soberanía sobre recursos naturales estratégicos como la tierra y el agua.

La entidad aclaró que no se opone a la llegada de inversiones ni a la modernización de la legislación, pero sostuvo que “una cosa es promover inversiones productivas y otra, muy distinta, es favorecer la extranjerización de recursos estratégicos sin límites ni mecanismos de control”, por lo que defendió la continuidad de la ley vigente.