Una gran disputa judicial se desató luego de la investigación que comenzó un juez federal por las acciones del gobierno de Estados Unidos sobre un grupo de migrantes venezolanos deportados. En este contexto, Kristi Noem, líder del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), tiene una fecha límite para responder al magistrado James Boasberg sobre los motivos por los que ignoró su orden para no revertir la expulsión de esos migrantes a El Salvador.

Un juez ordenó a Noem y al DHS explicar por qué ignoraron su orden de no deportar venezolanos

La semana pasada y en el marco de un conflicto que se extiende desde hace meses, el magistrado determinó que el DHS tiene tiempo hasta el viernes 5 de diciembre para responder sobre el incumplimiento de una orden judicial. El problema se remite a marzo, cuando el juez Boasberg había bloqueado el proceso de deportación de inmigrantes de Venezuela a El Salvador.

En aquel entonces, la administración Donald Trump se amparaba en la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, en inglés) para las expulsiones. Sin embargo, el magistrado determinó que los venezolanos tenían derecho a defenderse en una corte antes de ser removidos de Estados Unidos. A pesar de la directiva, los afectados nunca regresaron al país norteamericano.

Esa situación desató una disputa judicial que llegó hasta las últimas semanas del 2025. Recientemente, se dictó un plazo hasta el 5 de diciembre para que el DHS, Noem y todos los involucrados en la operación respondan por el hecho, según información de Newsweek.

Luego de que se cumpla este plazo, se decidirá si se solicita o no el testimonio de testigos sobre lo ocurrido. Además, Boasberg también enfatizó que la secretaria de Defensa se enfrenta a un posible procesamiento por desacato como consecuencia de su decisión en marzo.

Además, como parte del proceso, también se debe determinar si la orden judicial del juez fue clara y específica, si efectivamente hubo una violación y si esa falta fue intencional.

La defensa de EE.UU.: Noem recibió asesoramiento legal para las deportaciones

Hace algunos días, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) respondió sobre la investigación y lo ocurrido con la deportación de venezolanos a El Salvador. Según el documento, Noem tuvo asesoramiento legal del fiscal general adjunto, Todd Blanche; el fiscal general adjunto principal de aquel entonces, Emil Bovel; y el Asesor General Interino del DHS, Joseph Mazzara.

Tras recibir esa asesoría, la secretaria de Seguridad Nacional dictaminó que los vuelos de expulsión eran legales bajo la aplicación de la AEA.

Qué dijo el gobierno de Trump sobre la acusación de desacato

Ante la amenaza del juez Boasberg y la investigación que se lleva a cabo, el DOJ sostiene que Noem y el DHS no violaron la orden judicial. Según su defensa, la decisión del magistrado de marzo "no pretendía exigir el regreso de los detenidos que ya habían sido expulsados“.

El argumento se sostiene en que la orden escrita solamente prohibía deportar a personas bajo la AEA, pero no se refería a quienes ya habían sido expulsados, como era el caso de los venezolanos.

Sobre esto se manifestó el juez mediante una orden oral, donde marcó que los migrantes debían ser regresados a EE.UU. Sin embargo, el DOJ expresó que "la directiva oral anterior no constituía una orden judicial vinculante, especialmente después de la orden escrita“.