La exposición inicial del jefe Gabinete, Guillermo Francos, duró poco más de una hora y, si bien tocó una amplia gama de temas, no hizo mención a los últimos índices de pobreza, que este año tocó el 55% del total de la población, según la estimación de consultoras privadas. Por eso, distintos referentes de la oposición le consultaron al ministro coordinador por esta omisión así como por el veto presidencial de la ley que buscó recomponer los haberes jubilatorios y fijar una nueva fórmula de movilidad, cuya insistencia está en los planes de una buena porción de los miembros del Congreso.

Los límites que el Poder Ejecutivo impuso al acceso a la información pública y el ataque al periodismo por parte del jefe de Estado fueron otros de los puntos que los diputados cuestionaron al funcionario de Javier Milei. También el rol del asesor presidencial, Santiago Caputo, al que le objetaron su falta de nombramiento oficial como funcionario público.

“¿Por qué no nos informó de los índices de pobreza? ¿Por qué no nos informó lo que están padeciendo las infancias de este país y si nos informó que quieren que esas infancias vayan en cana? ¿Por qué ocultó esas cifras en su informe que son el verdadero retrato del gobierno que vino a representar?”, interrogó la diputada de izquierda, Vanina Biasi (CABA), a Francos. Y sumó: “Esta Cámara votó gustosa que el 0,4% del PBI se redujera producto de la disminución de los bienes personales. A personas que ganan $300.000 millones de pesos le redujo la carga impositiva y le niega a los jubilados a que puedan acceder a un poquito mayor del que tienen en este momento en una resolución que tiene una carga de más o menos la misma que usted le quitó a las personas más ricas de este país”.

Como respuesta, el jefe de Gabinete indicó que a fines de septiembre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicará los datos de pobreza referidos al primer semestre. “Se buscó priorizar el eje de la niñez, los ingresos de las familias más vulnerables se reforzaron a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumentó un 308%, y se incrementó un 138% el programa Alimentar”, precisó Francos.

El legislador bonaerense Nicolás del Caño fue más allá y exhibió la prueba material del aumento que el Presidente impugnó. Con una medialuna en la mano, le achacó al ministro: “Su gobierno vetó un aumento que era muy módico, que equivalía a una medialuna por día para cada jubilado”. “Más de 5 millones de jubilados cobran la mínima y han sido víctimas de todos los ajustes bajo todos los gobiernos. En estos siete meses hubo una pérdida de 30 puntos del poder adquisitivo comparado con el año anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)”, concluyó Del Caño.

El jefe de Gabinete le retrucó: “El haber mínimo sin refuerzo previsional aumentó en términos reales un 9% entre diciembre de 2023 y julio 2024″.

El líder de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, remarcó a Francos “el valor de la política en esta casa” y fue categórico respecto de las consecuencias del veto total del Presidente. “La interacción, el diálogo político inteligente, de acuerdos, es el camino a la racionalidad que le hubiera permitido al Presidente hacer un veto parcial a la reforma jubilatoria. Y eso hubiera sido importante para los jubilados, evitado la controversia. Nos parecía legítimo que eso sucediera en el marco de un dialogo donde el senado también estuvo esperando su respuesta para hacer modificaciones”, consideró Pichetto, quien apoyó y trabajó para materializar el veto parcial de los artículos más gravosos para las cuentas del Estado. Por último, sentenció: “No estamos acá para romper todo, estamos para tratar de buscar salidas para la Argentina, para que la microeconomía mejore”.

El ministro coordinador también fue interrogado por el rol del asesor presidencial y cuidador del relato oficial, Santiago Caputo. El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, señaló las irregularidades de su rol en el Estado: “No es una persona políticamente expuesta como otros funcionarios. No se ha evaluado sobre si tiene conflictos de intereses potenciales o actuales. Por una cuestión política tiene que asumir las consecuencias de ello”.

Francos contestó de manera escueta. “Me remito a la respuesta 1708 del informe por escrito”, señaló. Allí se detalla que Caputo se encuentra contratado en el ámbito de la Secretaria General, en el marco del Decreto N° 1109/17, en la categoría de consultor II, con una remuneración equivalente a 3750 dólares. “Sus actividades consisten en liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico; planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado; armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados; armar un plan de trabajo que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo; diseñar indicadores para la medición de avances del proyecto; coordinar y dirigir el diagnóstico y la puesta en marcha de la implementación; asesorar en temáticas de su especialidad y generar mecanismos de transferencia de conocimiento”, precisa el informe.

Sobre el régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego, el jefe de Gabinete no contestó si se iba a eliminar y solo se limitó a indicar que la estimación de este gasto “será incluido en el proyecto de Presupuesto 2025″.

Límites a la información pública

Esta semana, el Gobierno cambió por decreto la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y acotó los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Delimitó “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.

El legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó esta medida de “retroceso” y exigió detalles sobre la motivación de estos cambios. “Hay una decisión que es oscurantista, restrictiva, arbitraria, que rompe con la cuestión y hay como un exceso en la interpretación del derecho a la intimidad, de los asuntos públicos, de la buena fe, de los abusos del derecho”, señaló Ferraro, quien se mostró “preocupado” por “los más de 45 periodistas que han sido violentados, hostigados desde las más altas esferas del poder, desde el Presidente, el vocero presidencial, más el hostigamiento que sufren en muchísimas de las redes sociales”.

Lo acompañó el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, que solicitó al jefe de Gabinete que se “revise” la modificación al decreto reglamentario de la ley de acceso a la información pública.

En la misma línea se pronunció la diputada radical, Carla Carrizo. “Derogue urgente el decreto que restringe la libertad de expresión en la Argentina. Usted tiene el consejo del Presidente, es una regresión insólita esa regulación de la legalización del secreto en la información pública”, consideró la legisladora por la Capital Federal.

Como respuesta, Francos repitió que “no hay ninguna intención de limitar el acceso a la información pública, sino ordenar los pedidos de información”. Destacó, además, que para materializar esta modificación a la reglamentación de la ley 27.275, “se hicieron consultas a la Agencia de Acceso a la Información Pública -dirigida por Beatriz de Anchorena- como a la procuración del Tesoro -a cargo de Rodolfo Barra- y no hubo una objeción”. Por último, se comprometió a recoger las inquietudes de los legisladores sobre este punto para transmitirlas al Presidente. “No sé si derogarlo, pero modificaremos el decreto de ser necesario”, determinó.

Sobre los embates directos del primer mandatario a trabajadores de Prensa, el jefe de Gabinete consideró: “Algunos periodistas han exagerado sus posiciones y el Presidente ha respondido. No creo que haya habido otro Presidente que haya recibido más agresiones que Javier Milei”. Por otro lado, destacó: “Soy muy respetuoso de la libertad de prensa”.

Directores de las empresas del estado

El diputado Oscar Agost Carreño interrogó a Francos sobre YPF, específicamente para que el funcionario detalle los directores y cuál es su sueldo mensual. “Sobre AYSA indicaron que un director cobra 76 millones de pesos y no queda claro si es mensual o si es entre enero y abril”, cuestionó.

Si bien Francos precisó que dos de los directores actuales de YPF son él y su vicejefe, José Rolandi, evitó especificar el sueldo mensual. “Rolandi y yo no cobramos retribución, solo cobramos como representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Los honorarios del resto de los directores los detallaremos a través de un informe por escrito”, indicó.