La jueza de San Isidro Julieta Makintach fue acusada de los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios cometidos en su rol estelar en el documental Justicia Divina, proyecto audiovisual sobre las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona, debate del que participaba como magistrada.

Así surge en un dictamen presentado en las últimas horas por los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo donde solicitaron que la jueza Makintach sea destituido para poder indagarla en el expediente penal.

“La aquí imputada aceptó la propuesta comercial efectuada, al menos, por María Lía Vidal Aleman y bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos -ya sea por la inversión de terceras personas en dicho emprendimiento privado- e indirectos -posteriores ganancias y/o regalías por imagen-, decidió promover y participar personalmente en un proyecto audiovisual en el que sería explotado el desarrollo del mentado juicio, su temática y su función jurisdiccional, por la que iba a desarrollar un rol protagónico”, afirmaron los representantes del Ministerio Público, según el dictamen al que tuvo acceso LA NACION.

La jueza en el hall central de los Tribunales de San Isidro

En el escrito, de 42 páginas y dirigido al fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusadores públicos piden que el dictamen sea elevado al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, “con el objeto de que se le dé debida intervención al Jurado y de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires”, a cargo del jury contra la jueza.

“Ambas procuraron que Juan Manuel D’Emilio se ocupara de la producción del proyecto cinéfilo -lo que incluía la gestión de su financiamiento que, a raíz de un presupuesto aproximado, partía de un mínimo de 800.000 dólares- y paralelamente, en función de la contraprestación venal acordada, la encausada se comprometió a hacer y a dejar de hacer actos propios de sus funciones, como habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate -dejando de lado la orden judicial impartida por el Tribunal que ella misma integraba- y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo que garantizaría liderar la publicidad de la decisión jurisdiccional a adoptarse en el proceso”, afirmaron los fiscales Asprella, Chaieb y Amallo.