Tras la confirmación de su procesamiento en la causa en la que está acusado de haber abusado sexualmente y corrompido al menos a diez adolescentes, compañeros de sus hijos en el Colegio Palermo Chico, el empresario Marcelo Porcel fue filmado en las últimas horas en la Basílica de Luján y el video generó revuelo en redes sociales.

El jueves pasado, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán López, integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, rechazaron la apelación de la defensa y confirmaron el procesamiento que había dictado el magistrado Carlos Bruniard. En la causa interviene el fiscal Pablo Turano.

Los magistrados impusieron ciertas obligaciones que el empresario debe cumplir para continuar el proceso en libertad, como la prohibición de ausentarse por más 24 horas de su domicilio sin la debida autorización.

El tribunal ordenó, además, la “inmediata colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización” y la entrega a las víctimas de dispositivos duales de alerta ante eventuales violaciones de las restricciones de acercamiento ya impuestas al imputado.

“La colocación de la tobillera electrónica ya se solicitó, pero no se concretó, no se hace de manera instantánea”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño explicaron que están a la espera de las instrucciones del juzgado que interviene en la causa para colocarle la tobillera electrónica a Porcel y comenzar el monitoreo.

Respecto de la visita de Porcel a la Basílica de Luján, explicaron: “No tiene restringida la libertad ambulatoria siempre que no se ausente de su domicilio por más de 24 horas sin autorización. No hay incumplimiento en que vaya a donde quiera mientras respete las prohibiciones de contacto con las víctimas”.

En la audiencia ante el tribunal de alzada de la semana pasada, tanto las querellas como la fiscalía y la asesora de menores coincidieron en reclamar por la “no detención” e insistieron con llevar al acusado tras las rejas.

Además, siete de las diez víctimas les escribieron a los camaristas Rodríguez Varela, López y Lucini cartas en la que piden que el hombre al que denunciaron vaya preso por lo que les hizo.

En el fallo, los jueces del tribunal de alzada explicaron que los hechos investigados exhiben “notas comunes que no es posible soslayar” y sostuvieron que las conductas atribuidas a Porcel deben ser analizadas “de manera conjunta”, por cuanto evidencian “la unidad de acción exhibida en la fuente de captación de los niños y de oportunidad de desplegar en el trato con ellos el designio sexual abusivo”, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Los magistrados remarcaron que los adolescentes eran compañeros de colegio de los hijos del imputado y concurrían frecuentemente a sus domicilios. En ese contexto, consideraron acreditado —con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso— que el empresario desplegaba “un entramado de relaciones y vínculos, naturalmente signado por una inexorable asimetría”, valiéndose de su posición económica y de confianza para captar a las víctimas.

“El imputado se valía como una estratagema de manipulación de la impostura de exhibirse como un igual”, afirmaron los jueces, quienes describieron un escenario en el que ofrecía dinero, alcohol, regalos y actividades recreativas a los adolescentes, al tiempo que promovía situaciones de exhibición corporal, masajes y conductas de contenido sexual.