El gobierno de Sacramento, en California, autorizó la transferencia de 793.280 dólares para financiar puestos de trabajo del Centro Regional de Inteligencia de California Central (CCIC, por sus siglas en inglés). La decisión generó una fuerte controversia debido a las advertencias de opositores que sostienen que los datos de la comunidad migrante e hispana que maneja este centro podrían quedar en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aunque la policía local aseguró que no se utilizarán para la aplicación de leyes migratorias.

Por qué el acuerdo con el CCIC genera dudas sobre registros del DMV y cámaras viales

Los recursos aprobados por el Ayuntamiento de Sacramento están destinados a una red que analiza información sobre delitos, amenazas terroristas y riesgos contra la infraestructura pública. Si bien la policía de Sacramento sostiene que este dinero es esencial para prevenir y responder a este tipo de peligros de seguridad, los opositores a la medida advierten que puede poner en riesgo información clave.

Según los opositores a la medida, la transferencia de información puede incluir datos acumulados del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y de cámaras de seguridad de tráfico. Además, existe la preocupación de que estos datos estén disponibles para agencias federales sin restricciones claras.

Los fondos forman parte de una subvención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y servirán para mantener el personal hasta el 31 de marzo de 2027, de acuerdo con el portal oficial del centro.

Qué actividades financiarán los US$793 mil destinados al CCIC

Los documentos municipales citan cuatro prioridades esenciales de la financiación aprobada por el Ayuntamiento de Sacramento:

Identificar las amenazas a la ciberseguridad.Mejorar el intercambio y el análisis de información de inteligencia.Combatir el extremismo violento doméstico.Mejorar la seguridad electoral mediante evaluaciones de las instalaciones y otras medidas.

Al ser consultada al respecto por el medio local KCRA, la Policía de Sacramento explicó que la información de inteligencia criminal podría compartirse con el DHS. No obstante, remarcó que las fuerzas del orden locales no transferirán información personal para la aplicación de la ley de inmigración civil.

Además, los funcionarios resaltaron que la Oficina del Sheriff del Condado sigue las políticas de santuario aplicadas a nivel estatal, que corresponden a un conjunto de leyes promulgadas años atrás.

La Ley de Valores de California (SB 54), aprobada en 2017 y vigente desde 2018, prohíbe a las fuerzas locales utilizar sus recursos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. También impide a los sheriffs locales compartir información de una persona, como la dirección de su domicilio o trabajo, con el ICE, a menos que ya esté disponible para el público.

Privacidad e inmigración: las objeciones al financiamiento del centro regional de inteligencia

A pesar de las afirmaciones de las autoridades y de las leyes de California que limitan la cooperación con las agencias federales, varios políticos expresaron su descontento con la aprobación de la norma.

La concejala Vang, quien votó en contra del acuerdo de financiación, criticó la transferencia de información con organismos federales. “No debemos darle al gobierno federal acceso no autorizado a nuestros datos y, como autoridades locales electas, como jurisdicción local, tenemos que hacer todo lo posible para mantenernos firmes”, expresó.

Debido a las dudas generadas, la senadora Sabrina Cervantes advirtió que la información compartida podría ser “demasiado detallada” y terminar por “vulnerar a la población”.

Por este motivo, solicitó una auditoría sobre el funcionamiento y la supervisión de los centros de fusión de California (incluido el de Sacramento). El propósito es “revisar cómo recopilan, utilizan y comparten información” estos recintos.

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En contraparte, la vicealcaldesa de Sacramento, Karina Talamantes, votó a favor del acuerdo y apuntó: “Si no aprobamos estos fondos, otros condados los solicitarán, los obtendrán y no tendremos ninguna garantía para proteger a nuestras comunidades inmigrantes aquí en Sacramento”.

Además de Talamantes, el alcalde Kevin McCarty también respaldó el acuerdo, junto con los concejales Lisa Kaplan, Roger Dickinson y Rick Jennings.