Funcionarios del Gobierno y directivos de 41 entidades de medicina prepaga llegaron finalmente a un acuerdo en la madrugada de este martes, referido al reintegro de dinero a los afiliados y a los incrementos que tendrán en adelante las cuotas de los planes de salud. Al pacto se llegó tras unas 15 horas de deliberaciones, que se llevaron a cabo en el marco de una audiencia a la cual había citado Juan Rafael Stinco, el juez a cargo de la causa presentada en abril por la Superintendencia de Servicios de Salud por supuesta cartelización para la fijación de precios en el sector.

Según el acta firmada y lo comunicado a LA NACION desde ambas partes, a partir de julio las entidades devolverán, en un plazo de 12 meses, lo cobrado entre enero y mayo, en concepto de incremento, que se haya excedido del índice de inflación de cada mes previo. Las 12 cuotas en las que se hará ese reintegro serán mensuales y consecutivas y se ajustarán según la tasa pasiva del Banco Nación (es la que se paga por los depósitos a plazo fijo.

Concretamente, para calcular el monto que deberá ser devuelto, por cada período se considerará cuál fue la inflación del mes previo y se calculará la cuota que hubiera resultado de aplicarle a la del período inmediato anterior ese índice para determinar el reajuste. Ese importe se restará de la cuota efectivamente abonada por los usuarios. La cuenta se hará por cada mes implicado y la diferencia total será el monto a reintegrar, al que se le aplicará la actualización ya mencionada.

Por ejemplo, para enero se tendrá en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre, que fue de 25,5%. Los aumentos de ese primer mes del año fueron de alrededor de 40% en prácticamente todos los casos, por lo tanto, surgirán montos en exceso (según la regla determinada) bastante significativos.

Los precios de febrero deberán recalcularse con la inflación de enero, que fue de 20,6% (por lo general, en ese segundo mes del año hubo subas de cuotas cercanas al 30%); los de marzo, con el IPC de febrero, que fue de 13,2%; los de abril, con el 11%, que fue la suba de precios de marzo, y los de mayo, con el índice de 8,8% (inflación de abril).

Una vez determinado y actualizado el monto total en cada caso -que resultará de un porcentaje diferente de la cuota según la prepaga-, la devolución se hará efectiva entre julio de este año y agosto de 2025.

Otro punto central del acuerdo es que desde julio los precios quedarán liberados, tal como había ocurrido desde la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 70, emitido por el Poder Ejecutivo en diciembre último, y hasta abril, cuando desde el propio Gobierno se empezó a cuestionar a las entidades por el nivel de los incrementos y se tomaron dos acciones: por un lado, se dispuso una medida basada en una presentación hecha en enero por referentes de la Coalición Cívica ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), y, por el otro, hubo una presentación de una denuncia de la Superintendencia de Servicios ante la Justicia, por supuesta cartelización para fijar precios.

Esa causa judicial es la que finalmente dio lugar al acuerdo al que se llegó esta madrugada, ya que, luego de otorgar la medida cautelar pedida por la Superintendencia, el juez Juan Rafael Stinco convocó a una audiencia de partes (a pedido de las prepagas), en la cual surgió lo pactado con respecto a la devolución de dinero y a los próximos incrementos.

Con respecto a las cuotas correspondientes a junio, el criterio que se seguirá es el de aumentos según la inflación de abril, tal como algunas empresas ya le están comunicando a sus afiliados.

Con respecto a julio y los períodos siguientes, el texto de lo pactado indica que los precios “se ajustarán libremente conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas”.

El acta contempla también que las entidades de medicina prepaga se comprometen a reincorporar “en iguales condiciones y sin restricciones ni penalización alguna a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago debido a los incrementos”. E indica que la Superintendencia de Servicios de Salud estará a cargo del “seguimiento, control y ejecución del cumplimiento” del acuerdo y que “arbitrará los medios” para canalizar posibles consultas y denuncias de los afiliados.

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