Las siglas ARS, ploteadas en los laterales de las ambulancias, dan una pista clave respecto de quién sería el dueño de Argentina Salud, la clínica de González Catán que servía como mascarón de proa de un sistema de medicina prepaga trucho que funcionaba con falsos médicos que atendían con matrículas robadas a profesionales porteños y que atendía a pacientes de las zonas más pobres de La Matanza que pagaban módicas cuotas de 40.000 pesos para contar con una prestación de salud que, se sabe ahora, era ilegal, y para comprar medicamentos en farmacias sin habilitación.

Alberto Rubén Santarceri es el nombre detrás de las siglas ARS. Fue detenido al cabo de 13 allanamientos en distintas locaciones del partido de La Matanza, donde él y su organización habían desplegado un sistema que, en rigor, les servía para lavar dinero de la venta de mercaderías robadas en la modalidad de piratas del asfalto.

Santarceri era la cabeza de un clan familiar detrás de una serie de firmas vinculadas con servicios de salud, como ARS Salud SRL, ARGSS Salud Argentina SRL y Dios con Nosotros Centro Médico Cristiano SAS, según consta en registros oficiales. En esas sociedades aparecen nombres como el de Alberto Rubén Santarceri, su hijo Brian Marcelo y Noelia Sofía Luna, detenidos en las últimas redadas llevadas adelante por la Policía Federal Argentina por pedido del fiscal de La Matanza Fernando Garate y orden del juez de Garantías del distrito Rubén Ochipinti.

Según pudo saber LA NACION, Alberto Rubén Santarcieri y quien sería uno de sus principales colaboradores, Gabriel Musse, habrían sido condenados por un homicidio cometido en 2008. Ambos aparecen como los principales responsables de Argentina Salud, el principal centro de la red, ubicado en el kilómetro 28 de la Ruta 3.

La estructura armada por los acusados puso en riesgo las vidas de los pacientes que se atendían en las clínicas truchas y compraban los remedios en farmacias ilegales. Pero el fiscal Garate llegó a este punto mientras intentaba desarticular una banda de piratas del asfalto que operaba en lo más profundo de La Matanza.

La investigación que derivó en 13 allanamientos con 29 detenidos que trabajaban en la red de servicios de salud ilegal que operaba en las localidades de Virrey del Pino, González Catán, San Justo y Laferrere, en el partido de La Matanza, comenzó en febrero de este año, cuando los detectives de la Policía Federal fueron convocados por el fiscal Fernando Garate para identificar a los integrantes de una banda de piratas del asfalto que había cometido una serie de asaltos contra camiones que transportaban mercadería.

Durante casi tres meses, los efectivos de la Policía Federal grabaron videos de cada uno de los integrantes de la banda, analizaron las comunicaciones entre ellos y cruzaron estos datos con la información que algunos de los sospechosos publicaban en redes sociales como una forma de mostrar que realizaban una actividad legal.

Cuando los detectives identificaron al cabecilla de la banda e individualizaron el celular que utilizaba, lograron determinar la red de vínculos y subordinados que formaba parte de la organización delictiva.

Así se estableció que un escalón por debajo de Santarceri se desempeñaba Musse. Al profundizar en la red de vínculos de ambos, los responsables de la pesquisa encontraron otras dos empresas de salud que operaban en Fortín Yunka al 600 y en Arizmendi al 5600, en la localidad de Virrey del Pino.

Completan el entramado de empresas dos firmas que funcionaban en Concordia al 12.800, en Virrey del Pino, y en Fournier al 1600, en Laferrere. Ambos domicilios están vinculados con Santarceri y su familia. El de Fournier, además, está relacionado con el que figura en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires como “Dios con Nosotros Centro Médico Cristiano S.A.S.”.

En las últimas horas del martes, con todas las pruebas aportadas por los detectives de la División contra el Robo Organizado de la Policía Federal, el fiscal Garate solicitó al juez de Garantías Ochipinti los allanamientos de la clínica, los consultorios, las farmacias, los domicilios particulares de los acusados y el predio en el que guardaban las ambulancias ploteadas con la sigla ARS.

Durante los primeros operativos, los funcionarios judiciales y policiales detuvieron a Alberto Rubén Santarceri, Gabriel Musse, Noelia Sofía Luna, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri y Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana que no había validado su matrícula en la Argentina. Al revisar la documentación secuestrada en los primeros 13 allanamientos, los investigadores hallaron elementos que fundaban la sospecha de que había más integrantes de la banda.

En principio, a los 29 detenidos les imputaron formar parte de una asociación ilícita destinada a ejercer ilegalmente la medicina con títulos falsos. Pero con la aparición de familiares de pacientes que fallecieron después de haber sido atendidos en la clínica trucha, la acusación para algunos de los arrestados podría agravarse con la figura de homicidio por dolo eventual.

Para confirmar esta sospecha será necesario exhumar los cuerpos, someterlos a peritajes que permitan determinar un nexo causal entre las muertes y la atención deficiente y criminal de los acusados que se hacían pasar por médicos. Si se confirma que no tenían títulos y estudios para ejercer la medicina, las conductas endilgadas serán más graves que una mala praxis y constituirían el delito de homicidio simple, con una expectativa de pena de 8 a 25 años de prisión. Esta figura penal recaería sobre los falsos médicos y los dueños de las firmas allanadas si se comprueba que facilitaron las instalaciones para que los eventuales homicidios se cometieran.

Entre los 29 detenidos figuran 11 sospechosos que, en el momento de ser arrestados, se identificaron como médicos. Tenían sellos y credenciales que, supuestamente, acreditaban que eran profesionales de la salud. No obstante, el representante del Ministerio Público ordenó que se revisara si los sellos y credenciales presentadas correspondían a médicos matriculados y con los títulos y certificados analíticos que los acrediten como tales.

La necesidad de realizar esa investigación se fundó en el hallazgo de 286 sellos falsos con nombres de médicos. Dichos profesionales estaban matriculados en territorio porteño. Al revisar los sellos se habría establecido que se confeccionaron con nombres del listado robado de la entidad que agrupa a los profesionales de la salud en el territorio porteño. Esos médicos no sabían que sus nombres eran utilizados para recetar medicamentos, ordenar estudios, dictar certificados de lesiones o patologías para ser presentados en empresas de riesgos de trabajo.

Así fue que una cirujana plástica descubrió que su sello aparecía en recetas e informes sobre accidentes de trabajo. Convocada por una ART, que debía pagar los días de licencia de un trabajador que había sufrido la fractura de una pierna que le provocó una incapacidad parcial, la médica descubrió que su sello fue utilizado en La Matanza, donde ella nunca había ejercido.

Al cruzar esa información con los datos obtenidos por los detectives de la Policía Federal se determinó que los informes y las recetas que contenían los sellos falsos se habían confeccionado en una clínica de González Catán.

Además de los sellos apócrifos de médicos, los investigadores secuestraron 3200 historias clínicas de los pacientes a quienes los acusados les cobraban una cuota mensual de $40.000 en concepto de servicios de salud. También fueron secuestrados medicamentos valuados en $80 millones, 36 celulares, 84 computadoras y tres armas de fuego.

Si bien nadie explicó hasta el momento cómo fue que la clínica ilegal funcionó durante casi seis años en cuatro localidades de La Matanza, la aparición de un nuevo personaje que hasta el momento no fue detenido respondería a esa pregunta.

Según fuentes de la investigación, se trata de un funcionario que tiene su despacho en la sede de la Jefatura Departamental La Matanza, en Puente 12. Aunque se presenta como médico y firma precarios e informes que autorizan licencias de policías, no tiene el título que lo habilite para ejercer.

Debido a que todavía no fue imputado formalmente en ninguna investigación, su nombre se mantiene en reserva. No obstante, se pudo saber que utiliza un sello para las recetas e informes que no coincide con su identidad y está en pareja con la abogada de la nuera del líder de la banda de la clínica trucha.

No es médico ni policía, pero firma informes de diagnóstico, usa uniforme y aparece como el nexo entre la clínica ilegal y algunos jefes policiales que habrían vendido protección a la banda que explotaba la clínica trucha.