Hay una tesis que atraviesa esta lúcida mirada de la Carta Magna que desarrolla Juan Vicente Sola, reconocido jurista y académico, en su libro Constitución y economía: la Constitución no es solo un catálogo de derechos y competencias, sino una verdadera tecnología institucional que fija los costos de transacción de una sociedad. Cuando esos costos bajan, la energía social se vuelca a producir e innovar; cuando suben –por inflación normativa, regímenes de excepción o privilegios sectoriales–, esa energía se consume en litigios, lobby y disputas distributivas.

En el libro, publicado originariamente en 2004 y ahora reeditado, el autor toma el concepto de “floreciente masivo”, de Edmund Phelps: la prosperidad no se mide solo en ingreso o consumo, sino en la posibilidad de que amplias mayorías –no solo las elites– participen de procesos de innovación y autoexpresión económica. Sola construye una crítica al corporativismo (de derecha o de izquierda) como refugio “tranquilizador” frente al cambio, que termina esterilizando la creatividad.

El diagnóstico sobre la Argentina transita por todos los capítulos del libro: en un país de alta volatilidad normativa, con inflación regulatoria y con prácticas extendidas de excepción, la inversión se vuelve una apuesta, el contrato tiene visos de provisoriedad y la propiedad es un derecho condicionado.

El Poder Judicial –y en particular la Corte Suprema– aparece, no como sustituto de la política, sino como garantía mínima de que el contrato constitucional no se convierta en un sistema de peajes que “administra estancamiento” en lugar de generar modernidad.

Sola mira con lupa constitucional enormes parcelas de la vida pública. Por caso, dedica un capítulo a la libertad de expresión, los grupos de interés, la burocracia y el gasto público. Postula que, una vez identificada una falla de mercado, los gobiernos tienen una enorme variedad de opciones para resolverla. Y ofrece múltiples ejemplos.

La obra no escapa a la discusión actual y, menos aún, a la polémica. “Establecer que un derecho tiene costos es confesar que tenemos que conceder algo para preservarlo”, dice. Y aborda incluso el costo social que pueden producir las decisiones judiciales: “Con mayor evidencia en la Corte Suprema, cuya demora, u oportunidad de decisión, opera como un impuesto implícito sobre la inversión, la contratación y el crédito –escribe–. La incertidumbre es un precio, aunque no aparezca en el presupuesto”.

La voluminosa obra es un profundo análisis económico del derecho, aplicado a la interpretación constitucional. Su apuesta es que los abogados dejen de mirar solo la letra de la norma y comiencen a preguntarse qué incentivos puede generar cada cláusula.

Constitución y economía

Juan Vicente Sola

Abeledo Perrot

696 páginas

$ 181.485