Después de invertir cerca de 1000 millones de dólares y enfrentar una fuerte oposición política, social y judicial, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) decidió dar marcha atrás en gran parte del proyecto y desprenderse de la mayoría de las propiedades adquiridas. La estrategia de la administración de Donald Trump consistía en adquirir enormes almacenes vacíos y transformarlos en centros de detención para migrantes en distintas partes del país norteamericano.

El ICE se desprenderá de siete almacenes valuados en más de US$700 millones

Según documentos obtenidos por The New York Times, la agencia planea transferir siete de esos inmuebles a otras dependencias federales o venderlos directamente, una decisión que representa un cambio de rumbo respecto de una de las iniciativas más ambiciosas impulsadas durante la anterior conducción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La idea original era expandir la capacidad de detención migratoria en el país norteamericano. Para ello, el ICE apostó por comprar más de una decena de almacenes industriales vacíos y adaptarlos para albergar a miles de personas consideradas en situación migratoria irregular.

A un año del inicio del mandato de Trump, la agencia adquirió 11 instalaciones por un valor cercano a los US$1000 millones. Ahora, siete de esas propiedades, cuya compra superó los US$700 millones, saldrán al mercado.

La decisión implica un retroceso respecto de una iniciativa impulsada por la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien promovió una política migratoria más agresiva y buscó ampliar al máximo la capacidad del gobierno federal para detener y deportar inmigrantes.

El nuevo secretario, Markwayne Mullin, ya había manifestado en privado sus dudas sobre el proyecto y, públicamente, sostuvo que pretende reducir la exposición mediática de las operaciones migratorias y modificar la manera en que se ejecutan los procedimientos, indicó The New York Times.

En un comunicado difundido para el artículo de The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional defendió su nueva estrategia. “Desde el primer día, el DHS se mantuvo enfocado exclusivamente en expulsar de Estados Unidos a los peores delincuentes extranjeros que permanecen ilegalmente en el país y evalúa constantemente los mejores métodos para hacerlo”, señaló el organismo.

La dependencia agregó que esos detenidos “deben ser expulsados a la mayor velocidad posible y no alojados en suelo estadounidense a expensas de los contribuyentes”, por lo que ahora priorizará la utilización de espacios de detención ya existentes en colaboración con estados y condados.

Qué propiedades transferirá el ICE y cuáles mantendrá como centros de detención

De acuerdo con la información publicada por The New York Times, las instalaciones que el ICE planea vender o transferir se encuentran distribuidas en varios estados del país norteamericano:

Romulus, Michigan. Social Circle, Georgia. Flowery Branch, Georgia. Hamburg, Pensilvania. Tremont, Pensilvania. Salt Lake City, Utah. Roxbury, Nueva Jersey. Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

Mientras tanto, la agencia avanzará con cuatro proyectos que sí permanecerán destinados a la detención de migrantes. Estos se ubican en:

San Antonio, Texas. Socorro, Texas. Surprise, Arizona. Hagerstown, Maryland.

No obstante, el caso de Maryland ya enfrenta obstáculos judiciales, ya que un juez federal bloqueó temporalmente los trabajos en esa instalación.

Además, los documentos citados por The New York Times revelan que el ICE mantiene planes para comprar centros de detención pertenecientes a compañías privadas de prisiones con las que ya tiene contratos vigentes.

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La conversión de espacios industriales en centros aptos para albergar miles de personas exigía modificaciones complejas y costosas. Los edificios debían incorporar sistemas adecuados de agua potable, alcantarillado, ventilación y otras adaptaciones indispensables para funcionar como establecimientos de detención.

Además, la iniciativa provocó un rechazo casi inmediato en numerosas comunidades locales de todo el país norteamericano, explicó The New York Times. Incluso en regiones tradicionalmente conservadoras surgieron preocupaciones sobre el impacto que estos complejos podrían generar en la infraestructura local, los servicios públicos y las economías regionales, además del riesgo de atraer manifestaciones y conflictos sociales.

La oposición llegó también desde dirigentes republicanos, quienes enviaron cartas a las autoridades federales para pedir que abandonaran la idea en sus respectivas jurisdicciones.

Los problemas aumentaron cuando la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional inició una investigación sobre las compras. Algunas de las propiedades habían costado más de US$145 millones antes incluso de comenzar las remodelaciones necesarias.

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Además de los factores económicos, durante meses, el ICE enfrentó procesos judiciales vinculados al cumplimiento de una ley federal que obliga a las agencias gubernamentales a evaluar el impacto ambiental de sus proyectos antes de ejecutarlos.

Según la publicación de The New York Times, funcionarios del Departamento de Justicia también manifestaron preocupación porque la ausencia de esas revisiones ambientales podía derivar en más obstáculos judiciales y comprometer la viabilidad de todo el programa.

Como consecuencia, dos de los estados que más conflictos legales generaron, Michigan y Nueva Jersey, forman parte del grupo de propiedades que ahora serán transferidas o vendidas.