CÓRDOBA.- En US$160 millones estiman las nuevas inversiones en plantas de etanol las cámaras de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino si se convierte en ley el proyecto sobre biocombustibles impulsado por la Liga de Provincias Bioenergéticas (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán) y apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA).

La iniciativa para las naftas plantea que el corte mínimo de bioetanol se elevará del 12% al 15% en los próximos dos años. Hay un esquema diferenciado del 10% para la región patagónica, sujeto a revisión periódica. Sin embargo, el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller, planteó en comisión que el oficialismo tiene otra alternativa que demora hasta 2027 la suba del corte.

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Desde las cámaras explicaron a LA NACION que las inversiones ya realizadas en ampliaciones permiten que la capacidad instalada en la actualidad produzca el bioetanol necesario para llevar el corte del 12% al 15%. Además, los proyectos en ejecución suman US$240 millones (los más avanzados rondan los US$160 millones). Los que están en carpeta suman otros US$160 millones.

“Las inversiones van acompañando el crecimiento del consumo de etanol -explicó Feijoó-. No es la misma demanda hoy que la del 2019 cuando se aumentó el corte. Por ejemplo, la Secretaría de Energía acaba de habilitar cupos otorgados en noviembre del 2023 a empresas que realizaron ampliaciones importantes. La tendencia global también estimula inversiones, independientemente de la situación local”.

Los integrantes de las comisiones directivas de ambas cámaras, junto a Maizar, mantuvieron una reunión en la que ratificaron, “de manera unánime”, su “respaldo total” al proyecto de ley de biocombustibles que lleva la firma, entre otros, de las senadoras Alejandra Vigo y Carolina Moisés.

Las entidades coincidieron en que la iniciativa constituye un “avance estratégico para el desarrollo energético, ambiental y productivo de la Argentina, al proponer un marco normativo moderno, federal y sustentable que garantiza previsibilidad a las inversiones, fortalece las economías regionales y sustituye importaciones de combustibles fósiles por producción nacional de bioetanol”.

Sostuvieron que el proyecto reconoce el “papel clave” del bioetanol de maíz y de caña de azúcar “en la descarbonización del transporte, en la generación de empleo genuino y en la mejora de la balanza comercial argentina, al reemplazar combustibles importados por energía renovable de origen local”.

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También destacaron el “liderazgo” de la Liga de Provincias Bioenergéticas por haber impulsado un texto “con amplio consenso, con mirada federal y de largo plazo, que refleja la importancia estratégica de los biocombustibles en la transición energética y en la soberanía productiva del país”.

Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, y Feijóo, titular del Centro Azucarero Argentino, calificaron la iniciativa como “seria y responsable” y apuntaron que “permite crecer al sector sin afectar las ventas de naftas y gasoil nacionales, ni las regalías petroleras, ni las cuentas fiscales”.

Una voz disonante es la de la cámara que nuclea a los pequeños y medianos productores, Cepreb, que advirtió que el proyecto de la Liga beneficia a las agroexportadoras. La semana pasada indicó que el texto “fue redactado a espaldas de las empresas pymes elaboradoras del 60% del biodiésel destinado al corte obligatorio y sin consulta ni interlocución con las provincias de San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa”.

También sostuvieron que el régimen actual tiene vigencia hasta el 30 de diciembre de 2030 y establece que el mercado local debe ser abastecido por las empresas no integradas (pymes) a las que se les asigna un cupo proporcional que les permite “producir y generar valor”.