REDES SOCIALES Y VULNERABILIDAD JUVENIL

Se robustece en el mundo la tendencia que busca reducir los riesgos para la seguridad y privacidad de los menores que impone internet. Ante una preocupación compartida que reconoce que los sistemas de autodeclaración de edad son insuficientes, lo que se discute es si la edad de prohibición debiera ser 15 o 16 años. La Unión Europea trabaja en una app gratuita de verificación de edad que no demanda escaneo de documentos o reconocimiento biométrico, protegiendo así mejor la privacidad. Las pruebas piloto se llevan adelante en siete países.

El presidente Emmanuel Macron lideró un encuentro virtual con los jefes de Estado de Dinamarca, Chipre, Eslovenia, España, Grecia, Alemania, Austria, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y República Checa para proponer y coordinar una regulación de acceso a redes para adolescentes. Algunos de estos países ya avanzaron localmente con iniciativas de restricciones, siguiendo el ejemplo australiano donde la prohibición de uso de redes a menores de 16 años rige desde 2025.

El propio Parlamento francés ya trató una propuesta y solo falta acordar entre ambas cámaras el texto. Mientras Macron promueve el bienestar digital y propone una jornada mensual “sin conexión” para que los jóvenes retomen “la vitalidad de la vida real”, otros países ponen más el acento en las regulaciones técnicas. Portugal aprobó en febrero una ley que prohíbe a menores de 16 sin control parental el ingreso a redes, sitios de apuestas, juegos en línea y servicios de videos y contenidos considerados adictivos, violentos o sexuales, y que aguarda ahora aprobación de la asamblea. En cuanto a la identificación de los usuarios, instrumentaron un sistema de firma digital certificada electrónicamente. Apalancados por el éxito de la prohibición de uso de smartphones en escuelas en 2024, Grecia anuncia para enero de 2027 la entrada en vigor de la prohibición de redes sociales para menores de 15 años.

Hace una semana, un adolescente de 14 años disparó y mató a nueve estudiantes y a un profesor en una secundaria de Kahramanmaras, al sur de Turquía. En respuesta, los legisladores avanzaron allí con un proyecto de ley que restringe el acceso a redes sociales a menores de 15 años y obliga a las aplicaciones a instalar sistemas de verificación de edad, brindar herramientas de control parental y responder con rapidez ante contenidos que puedan considerarse dañinos.

En este sentido, el daño a la salud mental de usuarios jóvenes quedó demostrado para el jurado californiano que, en un fallo histórico, ordenó a los responsables de Meta y YouTube a pagar tres millones de dólares a una joven que hoy tiene 20 años y que sufrió depresión, ansiedad y dismorfia corporal a consecuencia del uso casi constante de plataformas como Instagram en su adolescencia. Ella es apenas una de las 1600 personas demandantes en distintos estados que acusan a las tecnológicas de haber minimizado los riesgos del diseño adictivo de las plataformas a su cargo. Otro tribunal en Delaware determinó que las compañías de seguros no tendrían la obligación de cubrir los costos de Meta frente a sus demandantes.

Entre nosotros, los avances revelan diferencias. Un proyecto de ley que prohíbe el acceso a redes a menores de 16 años, con consentimiento explícito de sus tutores y multas para las empresas que incumplan, aguarda en el Congreso. En la Provincia de Buenos Aires, el proyecto ingresado en febrero impone una edad mínima de 13 años sin excepción, multas y obligación de las plataformas de implementar sistemas auditables de verificación de edad.

Un control ciento por ciento eficiente es imposible por lo que educar y desarrollar el sentido crítico sigue siendo una alternativa válida. Entre los detractores de estas medidas restrictivas están quienes plantean que con el pretexto de la seguridad infantil se propone una vigilancia masiva que siga brindando datos sobre las personas con distintos fines. Los daños asociados al uso problemático de redes, tanto entre jóvenes como en adultos, está harto comprobado y la tendencia en sentido contrario que promueve limitar su uso e incluso retrotraernos a los teléfonos llamados tontos asoma cada día con más fuerza.